El Gobierno de Colombia dio un paso significativo en su política sobre cannabis con la firma del Decreto 1138 de 2025, que amplía el marco regulatorio existente (derivado de la Ley 1787 de 2017) y autoriza la venta de la flor de cannabis como producto terminado para uso humano y veterinario, en farmacias y droguerías, siempre bajo prescripción médica y trazabilidad sanitaria. 

Hasta ahora, el mercado colombiano de cannabis medicinal sólo permitía derivados como aceites, cápsulas o extractos. Este decreto rompe ese techo y reconoce que la evidencia terapéutica —según el Gobierno— es suficiente para incorporar la planta en su forma más integral. 

Algunos de los puntos más relevantes de la normativa:

• Solo países con licencia nacional podrán participar: durante los primeros dos años, micro, pequeñas y medianas empresas nacionales tendrán prioridad para cultivar y abastecer el mercado interno.
• El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) supervisarán la autorización sanitaria, trazabilidad, cultivo licenciado y establecimiento farmacéutico.
• Los productos con alto contenido de THC serán considerados medicamentos de control especial; los de bajo contenido seguirán otro régimen más accesible. 

¿Por qué importa?

Este decreto coloca a Colombia entre los países latinoamericanos que avanzan hacia una regulación más integral del cannabis medicinal. La inclusión de la flor reduce intermediarios, abre la posibilidad de tratamientos terapéuticos más variados y abre un camino para la industria local —no solo para exportación— sino también para abastecer la demanda interna.

Pero los desafíos persisten

Expertos y asociaciones del sector ya advierten que, pese al avance normativo, igualdad real, acceso efectivo y equidad productiva siguen siendo problemas. Hay temor de que ciertos actores con capital se concentren y de que las barreras técnicas y burocráticas limiten a los pequeños agricultores rurales. 
El acceso del paciente sigue siendo limitado: cientos de miles podrían beneficiarse, pero los precios, la logística y los permisos aún son obstáculos. El decreto es un paso, no la meta.

Desde la perspectiva de Radio Sativa, celebramos esta apertura normativa pero llamamos a convertirla en acción concreta, que los pacientes logren tratamientos asequibles, que los pequeños productores emergentes tengan oportunidades reales, y que esta norma se convierta en derecho a salud, no solo en trámite.