Guillermo López Barrios, responsable de la fundación, confirmó que dos individuos ingresaron al predio el viernes por la tarde, causando graves destrozos. La violencia no se limitó a la destrucción de la infraestructura: los intrusos golpearon a los perros guardianes con una barreta y dejaron herramientas peligrosas, demostrando una "animocidad terrible".

• Impacto Inmediato: Las pérdidas son devastadoras: se destruyó prácticamente un año de labor, incluyendo el suelo vivo y material genético valioso.
• Víctimas Reales: El ataque perjudica directamente a más de 360 pacientes y 200 mascotas que utilizan los aceites y derivados de la fundación para tratar afecciones como el síndrome de Tourette, TDA, Parkinson y Asperger. El equipo de Terpenos del Sur trabaja contrarreloj para evaluar el stock restante y evitar el corte de tratamientos vitales.
• Riesgo para Terceros: El material sustraído, probablemente con alto contenido de CBD (cannabidiol, de efecto bifásico), fue robado por lo que en la jerga se denomina "cogolleros" para su venta ilegal, lo que implica un riesgo de salud para quienes lo consuman sin conocimiento de sus propiedades o dosis.

Este violento asalto expone la fragilidad institucional y la falta de protección efectiva que rodea a la producción de cannabis medicinal en Argentina. Aunque la Ley 27.350 y el Reprocann avanzaron en la legitimación del uso, el Estado aún no ha garantizado la seguridad física y operativa de los proyectos productivos que sostienen la salud de cientos de personas.

1. Paradoja Legal y Delictiva: Es paradójico que una plantación que está literalmente salvando vidas y que opera bajo la Ley de Cannabis Medicinal sea tratada por la delincuencia como un objetivo fácil de alto valor, sin que el Estado le brinde las garantías de seguridad que se otorgan a otros medicamentos o cultivos.
2. Lentitud Judicial: Si bien la policía actuó rápidamente, la demora en el ámbito judicial para librar las órdenes correspondientes permitió a los delincuentes escapar con la impunidad, lo que, en palabras del responsable de la fundación, no da garantías de que los asaltantes no vuelvan. El sistema judicial debe acelerar los procesos en casos que comprometen la salud pública de forma tan directa.

El asalto a Terpenos del Sur es un llamado de alerta nacional. El gobierno de Tierra del Fuego, y el Estado Argentino en general, deben reconocer que la producción de cannabis medicinal es una prioridad de salud pública y tratar las instalaciones de cultivo y producción como lo que son: farmacias al aire libre. Es imperativo invertir en la seguridad de estos predios, endurecer las penas por el robo de cannabis medicinal y agilizar la respuesta judicial. La continuidad de los tratamientos para más de 360 pacientes no puede depender de la valentía de los activistas o la suerte; debe ser una responsabilidad indelegable del Estado. Proteger la plantación medicinal es proteger la salud y la dignidad de los más vulnerables.