Una de las empresas privadas que invirtió en la provincia de San Juan para el desarrollo de productos de cannabis medicinal está reclamando al Estado provincial la suma de 150 millones de dólares por daños y perjuicios. La firma, identificada como Green Health, argumenta que la provincia no cumplió con las expectativas de negocio generadas y no realizó las gestiones necesarias para que la Nación dictara la normativa que permitiera la comercialización de los productos.

Contexto del Proyecto Sanjuanino

El proyecto de cannabis medicinal en San Juan fue impulsado por la gestión anterior (el gobierno uñaquista) con la creación de la empresa estatal Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado (CANME). El objetivo de CANME era el cultivo, explotación, industrialización y comercialización de cannabis con fines científicos, medicinales y terapéuticos. Para ello, se asoció con cinco empresas privadas, incluyendo Green Health, que se comprometieron a desarrollar el sector en un plazo de cinco años.

• Inversión Inicial: Green Health, con capitales extranjeros y locales, realizó una inversión inicial de aproximadamente 3 millones de dólares.
• Reclamo Central: La empresa cumplió con las etapas de investigación y desarrollo, estando en condiciones de avanzar a la producción, pero se vio impedida de comercializar sus productos debido al limbo legal nacional.
• Acusación a la Provincia: El reclamo de Green Health sostiene que la provincia generó una "expectativa falsa" de negocio al promover el proyecto sin asegurar un marco regulatorio nacional firme que habilitara la venta.

El Factor Nacional: ARICCAME y la Demanda Judicial

El freno definitivo al desarrollo industrial y comercial se atribuye a la decisión del gobierno nacional de Javier Milei, que en julio de 2025 intentó disolver la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Aunque el decreto fue rechazado legislativamente, la parálisis y la ambigüedad regulatoria en torno a la comercialización a nivel nacional frustraron el plan de negocios de la empresa.

El reclamo administrativo por los 150 millones de dólares fue rechazado por la provincia. Actualmente, Green Health, representada por el abogado Ernesto Clavijo, ha iniciado los pasos judiciales preliminares en el 9no Juzgado Civil, solicitando el beneficio de "litigar sin gastos". Este pedido llamó la atención de las autoridades, ya que el beneficio está destinado a personas sin recursos, y una demanda de esta magnitud (cuyo sellado judicial rondaría los 4 millones de dólares) implica un alto riesgo para la empresa si el juicio no prospera. La resolución judicial sobre este beneficio determinará si la demanda por el monto total avanza.

El Alto Costo del Limbo Legal y la Inseguridad Jurídica

Este conflicto legal entre una empresa inversora y el Estado de San Juan es un síntoma claro del caos regulatorio y la inseguridad jurídica que azota a la incipiente industria del cannabis medicinal en Argentina. La falta de claridad y la inacción por parte de la Nación para establecer un marco comercial sólido, incluso después de promulgar la ley (27.350), se traduce en pérdidas millonarias que deben ser asumidas por el Estado provincial. Es el costo de la improvisación política y la parálisis burocrática. Mientras miles de pacientes continúan luchando por un acceso legal y seguro a su medicina, la industria, que podría ser una fuente de desarrollo económico y empleo, queda entrampada en litigios que solo benefician a los estudios de abogados y penalizan al contribuyente, desviando recursos vitales.

La Oportunidad Perdida y el Grito de la Industria

El reclamo de Green Health es un fuerte llamado de atención sobre la oportunidad económica desperdiciada. El cannabis medicinal y el cáñamo industrial representan un mercado mundial multimillonario que Argentina, con su capacidad agrícola, podría liderar. Sin embargo, la tensión entre el apoyo provincial a la inversión y la desregulación o el bloqueo a nivel nacional demuestran que, sin una Ley de Cáñamo e Industrialización clara y operativa que promueva la cadena de valor y habilite la comercialización, ninguna inversión privada está segura. Para avanzar, es imperativo que el Estado nacional deje de lado las ambigüedades ideológicas, active la ARICCAME con plenas facultades operativas y garantice un marco de seguridad jurídica que permita que la salud y el desarrollo económico florezcan de la mano de esta noble planta.