La historia de Ricardo Molinaro (58), presidente de Tricomas del Sur en Burzaco, no solo es un relato de activismo, sino un testimonio vivo de la falla del Estado. Molinaro, quien encontró en el cannabis medicinal una herramienta para superar graves problemas de salud (incluyendo VIH, tuberculosis y neumonía), dedica hoy su vida a la causa, compartiendo aceite con vecinos con diversas patologías.

La Asociación Civil nació hace cuatro años, impulsada por la indignación al ver que personas que "solo buscan una mejor calidad de vida" eran tratadas como narcotraficantes y encarceladas por cultivar su propia medicina.

El problema que ataca directamente Tricomas del Sur es una cruel traba legal: a muchos cultivadores que acceden al beneficio de la prisión domiciliaria se les asigna en sus causas la figura de "presunta venta". Este rótulo impide que puedan ser alojados en sus domicilios legítimos, forzándolos a permanecer en penales en condiciones deplorables.

Ante esta situación, Molinaro abre las puertas de su propia casa, ubicada en Almirante Brown, para que sirva como domicilio legal alternativo. El simbolismo es potente:

"Cuando los policías traen a una persona a mi casa para que cumpla la prisión no lo pueden creer, porque en mi jardín hay una plantación de marihuana".

Cinco jueces ya han depositado su confianza en la Asociación, permitiendo que cultivadores como Ailén Jara (detenida a pesar de poseer permiso) y Jesús Rolón (viudo con cinco hijos pequeños) cumplan sus condenas fuera de los muros carcelarios. La asociación les brinda contención, mercadería y asistencia, supliendo la ausencia de apoyo familiar y estatal.

La acción de Tricomas del Sur es una denuncia elocuente contra la "prisionización silenciada" de cultivadores. El sistema penal emplea recursos costosos para perseguir y encarcelar a personas de "buena madera" y propósito humanitario, mientras las cárceles se convierten en depósitos de indigencia, falta de higiene y ausencia de atención médica. La hipocresía del sistema alcanza niveles grotescos al obligar a la policía a alojar a un condenado por plantar en una casa que es, en sí misma, un jardín de cultivo. Esto no es justicia; es persecución y un grave despilfarro de recursos del Estado en lo que, a todas luces, es un "delito sin víctima". El caso de la compañera que murió a los 78 años en prisión domiciliaria con la pulsera puesta, cuya causa sigue manteniendo su cuerpo en un freezer judicial, subraya la falta de humanidad que genera la actual Ley de Drogas (23.737).

El heroísmo silencioso de la comunidad es la verdadera fuerza que está desarmando la Ley 23.737. La lucha central de Tricomas del Sur –sacar el cannabis de la legislación de drogas peligrosas– no es una simple meta legal, es una realidad social inminente. La empatía de un cultivador, capaz de hacerse cargo de la condena de un par, es infinitamente superior a la inhumanidad del penal. El hecho de que cinco jueces hayan optado por confiar en la comunidad antes que en el sistema carcelario demuestra que la interpretación humanista y progresista del derecho ya está ganando terreno dentro de las propias estructuras de la Justicia. La comunidad cannábica es una familia solidaria y autogestiva que, con tierra en las manos, está demostrando que el cultivo es un acto de vida, y la libertad, su única condena aceptable.