El diputado nacional José Glinski advirtió en la Comisión de Narcotráfico y Adicciones sobre el grave desamparo que enfrentan miles de familias argentinas que han encontrado en el cannabis medicinal una herramienta vital para mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos.

Glinski afirmó que, si bien es necesario debatir sobre el consumo problemático y los factores sociales que lo generan, el foco se ha desviado peligrosamente de quienes se benefician directamente de la legislación.

"La realidad se impone: la gente consume cannabis y cada vez más ampliamente. Estamos olvidando a las personas a las que la legislación del cannabis medicinal les hizo bien y mejoró su calidad de vida", sentenció el legislador.

El núcleo de su crítica apunta directamente al Poder Ejecutivo por la falta de acompañamiento y la ambigüedad regulatoria en un tema que ya contaba con un marco legal preexistente (Ley 27.350). Según Glinski, estas familias que consiguieron una ley y un marco jurídico para el acceso a un producto que les mejora la vida, "hoy están desamparadas".

El desamparo es una consecuencia directa de las políticas de desregulación y la parálisis estatal en organismos clave como el Reprocann (Registro del Programa de Cannabis) y la ARICCAME (Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal). La inacción o manipulación de la regulación por parte del Ejecutivo anula, de facto, un derecho a la salud que ya estaba garantizado.

El diputado cuestionó duramente la insensibilidad gubernamental: "El Ejecutivo no tiene miramiento alguno para con los padecimientos de la sociedad argentina, y este es otro caso más en el que nuestros compatriotas se ven afectados por decisiones de desregulación o manipulación de la regulación".

Glinski concluyó instando a que el debate legislativo se enfoque de manera integral y humana: "Hablemos de cannabis y adicciones, pero también de cannabis y salud. Este debe ser el puntapié para dar el debate que la sociedad necesita".

La denuncia de Glinski pone de manifiesto una verdad dolorosa en la implementación de la política de cannabis medicinal: la mejora en la calidad de vida de miles de pacientes es un hecho irrefutable, pero esa victoria social se está diluyendo por la desidia estatal. La paralización del Reprocann y la amenaza sobre la regulación industrial (ARICCAME) no solo detienen el desarrollo económico, sino que son una violación directa al derecho a la salud. Es cínico que, tras años de lucha por un marco legal, los usuarios se vean forzados a volver a la clandestinidad para acceder a sus tratamientos, solo porque el Poder Ejecutivo elige la desregulación o la ineficiencia como herramienta política. El Estado, lejos de proteger, está revictimizando a quienes ya padecían enfermedades y encontraron un paliativo en la planta.

A pesar del panorama desolador, la voz de la sociedad civil y el activismo cannábico organizado se mantienen firmes. Es la realidad impuesta por los pacientes la que, como bien señala Glinski, obliga al debate y, eventualmente, a la acción. Los miles de usuarios que hoy están sin respaldo estatal son, al mismo tiempo, la prueba viviente de la eficacia del cannabis. Este desamparo debe ser visto como el último obstáculo de la vieja guardia. La lucha por la salud y la dignidad no cesará. La comunidad, armada con evidencia científica y la verdad de sus historias, tiene la fortaleza para resistir el retroceso y asegurar que el derecho al cannabis medicinal, ya conquistado, se respete y se amplíe. El futuro es verde y la ley, tarde o temprano, deberá alinearse con la salud de las personas.