La Instituto Nacional de Semillas (INASE) publicó la Resolución 484/2025, mediante la cual establece que los operadores que trabajan con la especie Cannabis sativa L. deberán acreditar, al momento de renovar o registrar su actividad en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS), una licencia emitida por la Agencia Reguladora de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). La normativa fijó un plazo único improrrogable de 30 días para que los operadores vigentes se regularicen. 

El cambio implica que, a partir del ciclo 2026/2027, ningún criadero, multiplicador o comercializador de semillas de cáñamo o cannabis medicinal podrá operar sin la aprobación de la ARICCAME. Esto representa un endurecimiento de los requisitos y un nuevo filtro regulatorio que el sector interpreta como un lastre administrativo adicional. Según reportes de prensa especializada, varios fitomejoradores alertan que la ARICCAME aún no otorga licencias para cannabis medicinal, lo que pone en riesgo la continuidad de proyectos productivos. 

Aunque el movimiento buscará fortalecer la trazabilidad y legalidad de la cadena, las críticas no tardaron en aparecer:

• Muchos operadores reclamarán ante el hecho de que la ARICCAME aún no resolvió licencias, generando parálisis productiva.
• Pequeños productores advierten que el costo y la demora del trámite podrían favorecer a grandes jugadores consolidados.
• Fuentes del sector señalan que la medida llega en un momento de incertidumbre: la industria del cáñamo precisa plazos claros, financiamiento y regulación amigable para despegar.

En un contexto donde el cáñamo industrial y el cannabis medicinal son vistos por muchos como motores de empleo, innovación y desarrollo regional, esta medida genera un giro inesperado: de la promesa de despenalización y estímulo, a una capa extra de barreras burocráticas. El desafío ahora es que la regulación no se convierta en freno.