El personal policial, que se encontraba en una fábrica abandonada en la zona de Mulco Sur (Rawson) por motivos no relacionados con el narcotráfico, procedió a identificar a dos jóvenes que se encontraban en el interior. Tras una requisa, se encontró una "sustancia vegetal" —cuya cantidad no se especifica, pero que implícitamente es mínima, dada la tenencia simple y no la comercialización— que arrojó positivo para Cannabis Sativa.

Este procedimiento, calificado como un éxito policial en la nota, es, en realidad, un ejercicio inútil de recursos públicos:

1. Desvío de Recursos: Se movilizó personal del GRIM, se convocó a la División Drogas Peligrosas y Leyes para realizar el test de campo, y se activó a las autoridades judiciales para la imputación. Todo este aparato estatal se utilizó para judicializar lo que la propia Corte Suprema de Justicia (fallo Arriola) ha dictaminado que debe ser no punible: la tenencia de una sustancia para consumo personal que no afecta a terceros.
2. Criminalización de la Juventud: En lugar de enfocarse en crímenes reales o redes de narcotráfico, la policía y la justicia invierten tiempo y dinero en armar una causa penal a dos jóvenes por una falta administrativa menor, manchando sus antecedentes y sometiéndolos a un proceso judicial innecesario.
3. El Fracaso del "Test de Campo": El test solo identifica la presencia de cannabinoides, no distingue si la sustancia es para consumo personal o si los jóvenes están inscriptos en el Reprocann (Registro del Programa de Cannabis), lo que la convertiría en una tenencia absolutamente legal.

El verdadero delito aquí no es la tenencia de una pequeña cantidad de cannabis, sino el malgasto de fondos públicos en una persecución ideológica. En un contexto donde la violencia, el narcotráfico real y la corrupción exigen una respuesta seria del Estado, destinar personal, vehículos, reactivos y horas de funcionarios judiciales a imputar a dos jóvenes por un "porro" o una dosis personal es una burla a la ciudadanía. La Ley 23.737, en estos casos, no protege a nadie; solo actúa como una máquina de criminalización masiva, sobrecargando el sistema judicial y desviando el foco de las fuerzas de seguridad.

¡Basta de Absurdo Penal! La Argentina necesita urgentemente una reforma de la Ley 23.737 que despenalice de manera definitiva la tenencia simple para consumo personal y reconozca, como ya lo hacen las provincias pioneras, que el cannabis no es un flagelo social, sino una planta con potencial medicinal e industrial. Cada operativo como el de Rawson es un recordatorio de que el debate político debe dejar de lado el miedo moralista y alinearse con la salud pública y la eficiencia estatal, liberando recursos para que la policía pueda dedicarse a los problemas que realmente nos afectan.