Dos operativos, dos viviendas, y la misma historia de siempre: jóvenes cultivadores tratados como delincuentes. En el interior provincial, la policía cordobesa realizó dos allanamientos simultáneos que terminaron con el secuestro de tres plantas de cannabis sativa, casi 900 dosis fraccionadas y dinero en efectivo. Entre los investigados figuran dos jóvenes con antecedentes por intentar ingresar cannabis a una cárcel, hecho que volvió a justificar el despliegue de fuerzas, móviles y recursos para “combatir el narcotráfico” en su mínima expresión. 

El caso refleja un problema estructural: Argentina convive con leyes que promueven el acceso terapéutico y el desarrollo productivo del cannabis (Leyes 27.350 y 27.669), pero mantiene vigente una Ley de Drogas que criminaliza la misma planta. Así, mientras un sector del Estado impulsa la industria cannábica y exporta flores medicinales a otros países, otro sector sigue arrancando plantas domésticas y llenando expedientes judiciales.

No se trata de justificar lo ilegal, sino de evidenciar lo absurdo: se gastan recursos públicos en operativos contra cultivadores familiares, cuando existen mecanismos como el REPROCANN que regulan el cultivo con fines médicos y sociales. En lugar de acompañar, el Estado aún persigue y criminaliza con la lógica punitiva de los 90.

El cannabis dejó de ser un tabú, es una herramienta terapéutica, una oportunidad económica y un derecho en expansión. Lo que falta es una política coherente que unifique criterios, proteja a quienes cultivan con fines legítimos y deje de confundir salud con delito.

Basta de personas presas por cultivar. Modificación de la Ley de drogas, YA.