Este martes 11 de noviembre de 2025, efectivos de la División Patrulleros 911 de Tucumán ingresaron a una vivienda ubicada en la calle Marcelo T. de Alvear al 1800 por un llamado de conflicto familiar. Al recorrer el inmueble, detectaron cuarenta ejemplares compatibles con cannabis sativa, junto al carnet del REPROCANN que acreditaba la inscripción de una de sus ocupantes al registro nacional. La Justicia Federal dispuso el secuestro de las plantas y otros elementos.

La situación moviliza un doble reclamo: por un lado, la desconexión operativa entre una normativa que reconoce el cultivo medicinal (hasta nueve plantas para quienes están inscritos y hasta 15 m2 para cultivo exterior) y una actuación policial que trata a las cultivadoras como delincuentes sin valorar el marco de registro y permiso; por otro, la urgencia de sacar al cannabis del paradigma pura-pena de la ley de estupefacientes, y tratarlo como lo que es: una planta con múltiples usos, entre ellos terapéutico, regulado y protegido por derechos de salud.

Si estas mujeres cuentan con carnet del REPROCANN —mecanismo que les permite cultivar con fines medicinales y-o de investigación regulada—, su producción no debería abordarse con la lógica de los narcóticos de los ’90, sino con acompañamiento estatal, controles sanitarios, orientación técnica y, sobre todo, dignidad.

La ley 27.669 ya abrió ese camino; lo que falta es que la implementación alcance a nivel territorial, que las fuerzas de seguridad sean formadas, que los protocolos se adapten y que la política de drogas fragmente el prejuicio y abrace el derecho a la salud. Porque mientras mujeres como estas pierden plantas cultivadas con cuidado y esperanza, la industria productiva, el acceso terapéutico y el autocultivo regulado siguen siendo promesas incumplidas.