El lunes 22 de diciembre de 2025, fuerzas de seguridad provinciales y federales llevaron adelante operativos simultáneos en distintas localidades de Neuquén y Río Negro, en el marco de investigaciones por delitos contra la propiedad y presuntas infracciones a la Ley de Drogas 23.737.

En Neuquén, los procedimientos se concentraron en Senillosa, Centenario, Chos Malal y Villa La Angostura, con secuestro de cocaína, marihuana, armas, dinero en efectivo y vehículos, además de personas detenidas y puestas a disposición de la Justicia Federal. En Río Negro, hubo allanamientos relevantes en General Roca por una causa de entraderas, y otros procedimientos vinculados a estupefacientes, como el caso de Cipolletti, donde se incautaron frascos con marihuana, una balanza y un arma de fuego.

Las autoridades enmarcaron el despliegue dentro de una estrategia de “golpes al narcotráfico”, con participación de fiscalías provinciales y federales y un fuerte despliegue de brigadas, grupos especiales y criminalística.

El allanamiento al growshop Psiconautas

Dentro de ese contexto general, uno de los lugares allanados fue el growshop “Psiconautas”, un comercio y espacio de militancia cannábica con fuerte presencia en el Alto Valle. Psiconautas no solo vende insumos de cultivo: es también una organización históricamente vinculada a la defensa del autocultivo, la reducción de daños y los derechos de usuarios y cultivadores.

El negocio no estuvo vinculado a venta de estupefacientes ni dejó personas detenidas o el local clausurado. La causa se originó por presunto contrabando de vaporizadores herbales importados, un punto gris legal que alerta a todo el sector.

El caso abre una discusión profunda y necesaria. Los vaporizadores herbales —herramientas asociadas a reducción de daños y consumo más seguro— se comercializan abiertamente en ferias, exposiciones y eventos del sector. De hecho, en la última Expo Cannabis, estos dispositivos fueron uno de los productos más visibles y destacados, adquiridos sin restricciones aparentes.

Por eso, desde Psiconautas remarcan la incongruencia del sistema:

“Uno nunca imaginaría que después de una expo masiva, donde los vaporizadores se venden como cualquier otro producto, se inicie una causa judicial por contrabando por tener cuatro vaporizadores importados en caja”.

Este escenario deja expuestos a growshops y emprendimientos legales, que muchas veces operan sin información clara sobre qué está permitido, qué no, y bajo qué criterio se fiscaliza.

El caso Psiconautas no es una causa por drogas, pero sí es una señal de alerta para otros comercios cannábicos del país. Hoy, muchos growshops desconocen que los vaporizadores herbales pueden ser considerados productos ilegales si no cumplen con requisitos específicos de importación, aun cuando circulen libremente en eventos y tiendas.

La falta de reglas claras genera:

• inseguridad jurídica,
• desigualdad en los controles,
• y exposición innecesaria de proyectos que trabajan dentro de la cultura cannábica legal.

Lo ocurrido con Psiconautas demuestra que la desinformación puede ser tan dañina como la persecución, y que el sector necesita claridad normativa urgente, especialmente en productos asociados a reducción de daños.

Hoy no hablamos de drogas, ni de narcotráfico. Hablamos de contradicciones regulatorias, de un Estado que habilita ferias pero judicializa comercios, y de una comunidad que sigue aprendiendo a moverse en un terreno legal lleno de grises.