El gobernador Martín Llaryora fue claro y enfático: “Yo no consumo droga, no financio la droga” y “no queremos que el narcotráfico ande en Córdoba”. También afirmó que la pelea es total, “no es a media cinta”, y que Córdoba no es ni será territorio narco. El problema no está en la intención declarada, sino en el marco mental desde el cual se pronuncia: uno donde todo parece entrar en la misma bolsa.

En ese esquema, las personas usuarias de cannabis quedan peligrosamente cerca del daño colateral. No porque sean narcotraficantes —no lo son, la idea siempre fue evitarlos— sino porque históricamente el prohibicionismo necesita culpables visibles, fáciles, sin poder de lobby. Usuarios, cultivadores solidarios, pacientes, jóvenes informales: el blanco más accesible cuando la política se vuelve punitiva y simplificadora.

Cuando el gobernador dice “yo no me drogo”, la pregunta no es personal, es política:
👉 ¿Qué se entiende por “droga”?
👉 ¿Incluye al alcohol, vendido masivamente, publicitado en eventos deportivos y responsable de miles de muertes al año?
👉 ¿O el alcohol es una golosina socialmente aceptada mientras otras sustancias merecen castigo?

Porque si hablamos en serio, no existe lucha contra el narcotráfico sin políticas de reducción de riesgos y daños. No existe seguridad sin información. No existe protección sin distinguir entre crimen organizado y consumo personal. Y no existe valentía institucional sin animarse a decir que la prohibición también mata.

Gobernador: la industria que se frena y la gente que cae

Mientras se refuerza la lógica del “a fondo”, se frena una industria que genera empleo, ciencia, salud y valor agregado: cannabis medicinal, cáñamo industrial, investigación pública-privada, economías regionales, pymes, cooperativas. Todo eso queda bajo sospecha cuando el discurso no diferencia.

Y peor aún: caen inocentes. Personas que cultivan para no ir al mercado ilegal. Pacientes que buscan alivio. Jóvenes que consumen sin información porque el Estado eligió callar. Cada usuario perseguido es una victoria para el narco, no una derrota.

Nadie discute el combate al crimen organizado. Lo que se discute es hacerlo sin llevarse puesta a la ciudadanía. Sin regulación, sin educación y sin enfoque de salud pública, el mensaje de “guerra total” termina siendo una guerra contra derechos.