Según lo informado por el medio local, efectivos de la policía, con apoyo de la División Canes Zona Sur, detuvieron a una joven de 20 años que circulaba por Parque Norte. Tras identificarla, encontraron en su poder un envoltorio de nylon que contenía 1,7 gramos de cannabis. 

El procedimiento siguió las directivas del fiscal correspondiente —Juan Selaya—, que dispuso el secuestro del material, la confección de actas y la imputación conforme a la Ley 23.737.

Según trascendió, la policía había desplegado un operativo de prevención en la zona, apoyado por canes detectores de estupefacientes. Este tipo de controles frecuentes en Parque Norte y otras áreas buscan combatir lo que las autoridades definen como narcomenudeo.

Qué revela este episodio: regulación, estigma y contradicciones

Este hecho —que a simple vista parece una detención más por porte de cannabis— pone en evidencia varias tensiones estructurales en la convivencia con la planta en Argentina:

• Aunque hay leyes y regulaciones nacionales que permiten el uso medicinal o terapéutico del cannabis —bajo ciertas condiciones— muchas veces la aplicación policial continúa siendo represiva.
• El consumo recreativo, la tenencia de pequeñas cantidades o la circulación en espacios públicos siguen siendo tratados bajo una lógica penal, lo que genera vulnerabilidades, arbitrariedades y miedo.
• La ambigüedad normativa —entre lo que permite la ley, lo que entiende la policía y lo que ocurre en la calle— deja en jaque a usuarios, cultivadores, pacientes y ciudadanos comunes.

Para quienes militan por un uso responsable, científico o medicinal del cannabis, situaciones como esta demuestran cuánto falta: normas claras, controles racionales, debate social real, políticas de salud pública.

Implicancias más amplias: hacia un debate urgente

Este episodio debe entenderse como parte de una oleada de controles en contextos urbanos que recuperan —en muchos casos— una lógica de represión más que de regulación. Las consecuencias para la persona —aunque sea “solo” porte —pueden ser graves: antecedentes, criminalización de usuarios, estigmatización social.

Además, pone sobre la mesa una pregunta fundamental: si la legislación nacional ya abre puertas para el cannabis medicinal y terapéutico, ¿por qué la respuesta policial sigue siendo la del delito? Dicho de otro modo: ¿por qué persiste el castigo cuando el contexto exige salud, regulación y derechos?

Una señal de alerta para quienes apostamos al cambio

Es inadmisible que las fuerzas sigan gastando recursos en perseguir usuarios mientras la normativa avanza y la sociedad pide madurez. Y si van a insistir con los perros detectores, al menos ponganlos a entrenar para algo útil: que olfateen carnets de REPROCANN, no bolsitas miserables. Porque la verdadera inseguridad no está en un par de cogollos; está en una institución que aún no aprendió a distinguir entre un delito y un derecho.