Emanuel “Tucu” Perea —ex jugador profesional de fútbol— regresó de Estados Unidos tras capacitarse en cultivo de cannabis medicinal, con la intención de desarrollar un proyecto social: su fundación buscaba contener a exfutbolistas en crisis, expandiéndose luego hacia un apoyo terapéutico más amplio.

Se inscribió en el registro oficial (REPROCANN), convencido de operar bajo marco legal. Pero un allanamiento policial en su domicilio provocó la destrucción total de su cultivo: plantas arrancadas, material tirado, producción interrumpida.

"Lo único que pretendía era ayudar a la gente y terminó envuelto en una situación horrenda", declaró Perea. Para él, la maniobra careció de transparencia, afectó su proyecto de ayuda social y lo dejó “abatido”. 

Una falla de sistema: cuando la ley no basta

El caso pone de relieve un problema estructural en la regulación del cannabis medicinal en Argentina: aunque existen registros —como REPROCANN— que permiten el cultivo con fines terapéuticos, la práctica judicial/policial parece moverse en otra novela.

Para muchos cultivadores legales, esta no es una excepción: denuncias, detenciones, allanamientos y destrucciones de plantaciones se repiten, incluso cuando la documentación está en regla.

Este tipo de decisiones judiciales/administrativas revela la fragilidad institucional del sistema: la ley existe, pero su implementación es irregular; los derechos no están garantizados; y lo que para un paciente es medicina, para la policía sigue siendo sospecha.

Consecuencias humanas y sociales

Más allá del allanamiento: lo que se destruye es un proyecto de salud, de cuidado, de alivio. Personas que podrían beneficiarse con tratamientos medicinales pierden confianza, la cadena de producción se quiebra, y la esperanza se vuelve presión social.

Para Perea y quienes lo acompañaban —ex deportistas, pacientes, buscadores de una alternativa—, la destrucción del cultivo representa un golpe duro: no sólo económico, sino existencial.

¿Qué revela este episodio sobre la regulación del cannabis en Argentina?

• Que la regulación formal (registro, inscripción, permisos) no garantiza inmunidad frente a procedimientos represivos.
• Que la ambigüedad en la implementación deja espacios de discrecionalidad para fuerzas de seguridad.
• Que hay un desfasaje entre la normativa que autoriza el cultivo medicinal y la cultura institucional policial / judicial que aún ve al cannabis como algo peligroso.
• Que los pacientes y cultivadores dependen de la buena voluntad y de la interpretación de la ley, lo que genera inequidad e incertidumbre.

Este caso no debería leerse como una anécdota aislada: es una alerta. Si Argentina quiere avanzar hacia una industria seria del cannabis medicinal, con derechos respetados, salud pública y regulación real, no basta con leyes buenas en el papel. Hay que garantizar procedimientos claros, controles eficientes —y dejar atrás viejas prácticas de represión.

Quienes luchan desde la necesidad, la salud y el cuidado merecen certezas. No pueden depender del azar de un allanamiento. Y el Estado debe encargarse de dar esas certezas.