En la actualidad, el escenario legal del cannabis en Argentina atraviesa una contradicción profunda. Mientras el marco normativo avanza hacia el reconocimiento de sus bondades, la práctica judicial suele quedar atrapada en lógicas del pasado. Para profundizar en este tema, contamos con la visión de Tomás Guzmán de San Félix, abogado especializado y asesor de proyectos vinculados al cannabis en todo el país, quien analiza por qué el derecho penal sigue siendo un obstáculo para el desarrollo legítimo del sector.

La persistencia de la lógica del narcotráfico

Uno de los problemas centrales en Argentina es que la mayoría de las causas judiciales relacionadas con el cannabis se abordan bajo la óptica del narcotráfico. Se aplica la lógica penal más severa a una sustancia que, hoy en día, posee usos médicos, científicos y productivos plenamente legítimos.

El error fundamental radica en utilizar categorías jurídicas diseñadas para "drogas duras" al analizar actividades que forman parte de un mercado regulado. En muchos expedientes judiciales, se omite una pregunta esencial que debería cambiar el rumbo de cualquier investigación: ¿Cuál es el destino del cannabis? Es imperativo determinar para qué se produjo, para quién y con qué finalidad antes de criminalizar la actividad.

El marco legal: Las Leyes 27.350 y 27.669

El análisis jurídico ha cambiado radicalmente gracias a la sanción de dos normativas clave:

• Ley 27.350: Establece el marco para la investigación científica y el uso medicinal del cannabis.
• Ley 27.669: Marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

Estas leyes reconocen y legitiman el uso de la planta en diversos ámbitos. Sin embargo, el mayor conflicto surge cuando existe un destino legítimo, pero el Estado aún no ha brindado una respuesta administrativa clara o rápida. Es en este vacío o "gris" regulatorio donde el derecho penal avanza injustamente sobre actividades que no constituyen tráfico de estupefacientes.

El factor del "olor" y la criminalización preventiva

La falta de una regulación administrativa suficiente expone a los actores de la industria a investigaciones penales desgastantes. Un dato alarmante revela la fragilidad del sistema: más del 90% de los casos penales atendidos en el estudio del Dr. Guzmán de San Félix no se inician por pruebas de venta o tráfico, sino por denuncias de olor.

Esta subjetividad en el inicio de las causas demuestra que la persecución penal sigue operando bajo prejuicios, ignorando la realidad productiva y terapéutica que ya está amparada por la ley.

La importancia de una intervención legal temprana

En este contexto, la estrategia jurídica desde el primer minuto es determinante. El momento del primer allanamiento o intervención policial define el futuro del proyecto: puede ser una resolución rápida o convertirse en un proceso penal complejo con pérdidas económicas devastadoras.

Caso de éxito: El transporte de plantines

Como ejemplo de una gestión legal eficiente, el Dr. Guzmán de San Félix menciona un proyecto de investigación y desarrollo al que se le interceptó el transporte de 500 plantines. Gracias a una intervención precisa donde se explicó el contexto y se acreditó el destino legítimo de la carga, la Fiscalía Federal desestimó el caso en tan solo nueve días.

Hacia una estrategia legal sólida

El cannabis no puede recibir el mismo tratamiento legal que sustancias como la cocaína o el fentanilo. Mientras el Estado no termine de implementar una regulación administrativa clara y fluida, la prevención legal y el diseño de una estrategia sólida son las únicas herramientas efectivas para evitar el abuso del derecho penal.

La profesionalización del sector no solo depende de la técnica de cultivo o la inversión productiva, sino también de una protección jurídica que entienda la planta como un recurso y no como un delito.

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