El 4 de febrero de 2026, el sistema de justicia mexicano enfrentó una colisión entre la rigidez de su código penal y la realidad de sus ciudadanos más vulnerables. En Ciudad Juárez, Chihuahua, un hombre en situación de calle fue detenido en 2021 durante una inspección corporal rutinaria; la policía encontró en su posesión una bolsa con 14.26 gramos de marihuana. Bajo el marco legal previo, este peso —casi tres veces el límite permitido— activaba de forma automática la maquinaria del narcomenudeo. Sin embargo, la resolución del Amparo en Revisión 132/2025 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha transformado este escenario, determinando que la cantidad de sustancia no puede ser el único factor para definir un delito.

El pleno de la Corte, en una sesión marcada por una fragmentación profunda, resolvió que no es válido imponer sanciones penales de manera automática por el solo hecho de superar el umbral de cinco gramos establecido en la Ley General de Salud. El proyecto, presentado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, estableció que las autoridades ministeriales y judiciales tienen ahora la obligación de indagar en las circunstancias particulares de cada caso, evaluando si la posesión estaba destinada exclusivamente al consumo personal antes de proceder con una vinculación a proceso.

Esta decisión invalida una porción crítica del artículo 478 de la Ley General de Salud (LGS), la cual condicionaba la exclusión del delito a que la cantidad fuera "igual o inferior" a la prevista en la tabla de dosis máximas. Al eliminar este automatismo, la Corte no está despenalizando la sustancia en su totalidad, sino que está desmontando un mecanismo de control que, en la práctica, funcionaba como una herramienta de extorsión y discriminación hacia las personas usuarias.

Fuente: Análisis basado en el reporte de la sesión de la SCJN del 4 de febrero de 2026.

La resolución enfatiza que un enfoque basado puramente en límites numéricos vulnera derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la privacidad y la integridad personal. Especialmente en casos de vulnerabilidad extrema, como el de la persona indigente en Juárez, la Corte reconoció que es altamente improbable que la posesión de una cantidad marginal sobre el límite legal responda a fines de comercio o suministro.

El andamiaje de la prohibición: los artículos 477, 478 y 479

Para entender la trascendencia de este fallo, es imperativo analizar la arquitectura legal que ha sostenido la persecución del consumo en México desde la reforma de 2009. El sistema se apoya en tres pilares dentro de la Ley General de Salud que operan de forma coordinada para atrapar al consumidor en una red de ambigüedad punitiva.

El artículo 477 de la LGS tipifica el delito de posesión simple, sancionándolo con penas que van de diez meses a tres años de prisión. El artículo 479 introduce la "Tabla de Orientación de Dosis Máximas", un documento que asigna valores arbitrarios a diversas sustancias; para la marihuana, el número mágico se fijó en cinco gramos. Finalmente, el artículo 478 actuaba como el cerrojo: permitía que el Ministerio Público no ejerciera acción penal solo si la persona era consumidora y portaba una cantidad igual o inferior a la de la tabla.

Esta estructura creaba una presunción de criminalidad sobre cualquier persona que portara, por ejemplo, seis gramos, sin importar si la intención era el consumo inmediato o si la persona padecía una farmacodependencia. La Corte ha identificado que esta porción normativa del artículo 478 es inconstitucional porque no atiende a las circunstancias reales del uso personal y ocasiona una afectación irrazonable a la salud y a la integridad de los individuos.

Fuente: Compendio legal y resoluciones de la Primera Sala y el Pleno de la SCJN.

La eliminación del límite fijo obliga a un cambio de paradigma en la procuración de justicia. Las autoridades ministeriales ya no pueden simplemente pesar la bolsa y dictar un auto de vinculación. Deben ahora fundamentar por qué consideran que la posesión no es para consumo, analizando elementos objetivos como el tiempo, lugar y modo de la detención, así como elementos subjetivos que incluyan el contexto cultural, profesional y de salud de la persona.

La fractura en el pleno: una Corte dividida entre dos visiones

La votación de cinco votos contra cuatro que definió el destino del Amparo 132/2025 revela una profunda división ideológica dentro del máximo tribunal de México. Por un lado, un bloque garantista que prioriza la autonomía individual; por el otro, una visión que enfatiza el orden público y la seguridad jurídica a través de estándares rígidos.

El bloque a favor de flexibilizar el límite, liderado por el ministro ponente Giovanni Figueroa Mejía y respaldado por Irving Espinosa Betanzo, Loretta Ortiz Ahlf, Arístides Guerrero García y el presidente Hugo Aguilar Ortiz, argumentó que el libre desarrollo de la personalidad no puede estar sujeto a una báscula. Figueroa Mejía sostuvo que la actualización de la salvedad del delito debe depender de las particularidades del poseedor y no de una cifra estática que ignora la realidad biológica y social de la farmacodependencia.

En la oposición, las ministras Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías Guerra, María Estela Ríos y Yasmín Esquivel Mossa advirtieron sobre los riesgos de lo que llamaron un "esquema de valoración abierta". La ministra Lenia Batres señaló que desplazar el parámetro cuantitativo fijado por el Congreso de la Unión sustituye un estándar objetivo de certeza por uno discrecional, lo que a su juicio podría incrementar la corrupción y generar decisiones dispares en los tribunales, afectando la seguridad jurídica.

Fuente: Bitácora de la sesión del 4 de febrero de 2026 de la SCJN.

La ministra María Estela Ríos incluso calificó el consumo problemático como una afectación que trasciende al individuo, impactando al núcleo familiar y, por ende, justificando la intervención del Estado bajo el amparo de la salud pública. Este choque de posturas demuestra que, a pesar de los avances jurisprudenciales, el sistema judicial mexicano todavía no alcanza un consenso sobre hasta dónde llega la libertad personal frente a la tutela estatal.

Radiografía de la criminalización: estadísticas del narcomenudeo en México

La necesidad de este fallo se sustenta en cifras que revelan cómo la política de drogas en México se ha ensañado con el consumidor de a pie. Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) del INEGI de 2024, el 85.15% de las puestas a disposición ante el Ministerio Público por presuntos delitos de narcomenudeo corresponden a la modalidad de posesión simple.

Esto significa que la gran mayoría de los recursos policiales y ministeriales destinados a combatir el narcotráfico se agotan en la persecución de personas que portan cantidades mínimas de sustancias, predominantemente marihuana. En estados como Michoacán, la estadística es absoluta: entre 2018 y 2024, todas las carpetas de investigación iniciadas por narcomenudeo fueron clasificadas como posesión simple. En Jalisco, la situación no es distinta, donde el 57% de las 882 personas privadas de la libertad por delitos contra la salud están bajo esta misma variante.

Fuente: Datos del INEGI sobre delitos relacionados con drogas en México.

El impacto es particularmente severo entre la población adolescente. En 2021, de los 3,260 jóvenes imputados por delitos de narcomenudeo, el 90.2% lo fue por posesión simple. La marihuana fue la sustancia principal en estos casos. Estas cifras sugieren que la tabla de dosis máximas del artículo 479 ha servido más como un pretexto para la criminalización juvenil y el control social de grupos marginados que como una herramienta efectiva para la protección de la salud pública.

De la jurisprudencia de 2022 al amparo de 2026: una evolución lenta

El fallo de 2026 no surge en el vacío; es el resultado de una acumulación de criterios que comenzaron a gestarse años atrás. El 11 de mayo de 2022, la Primera Sala de la SCJN ya había dado un paso fundamental al resolver el amparo 59/2022. En aquella ocasión, bajo la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, se declaró por primera vez la inconstitucionalidad de penalizar la posesión de más de cinco gramos cuando se demostrara que era para consumo personal.

Sin embargo, aquel fallo tuvo alcances limitados. Organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) señalaron en su momento que, al no alcanzarse la votación necesaria para una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, el beneficio se restringía a los casos litigados directamente. El sistema penal continuó operando bajo la inercia del gramaje, permitiendo que miles de personas siguieran siendo detenidas y extorsionadas por las fuerzas de seguridad bajo la amenaza de una vinculación a proceso automática.

Fuente: Cronología jurídica de la cannabis en México.

La resolución de 2026, aunque tampoco alcanzó la votación de ocho ministros necesaria para expulsar definitivamente la norma del ordenamiento jurídico para todos los mexicanos, consolida un criterio judicial robusto. Ahora, cualquier abogado defensor puede invocar este precedente para exigir que un juez de control desestime una acusación de narcomenudeo si no existen pruebas adicionales de comercialización, independientemente de si el peso es de 6, 14 o más gramos.

El limbo legislativo y la persistencia del prohibicionismo

A pesar de las victorias en la Corte, México habita un limbo jurídico esquizofrénico. Por un lado, el máximo tribunal ha reiterado que prohibir el consumo es inconstitucional; por el otro, el Congreso de la Unión se ha negado sistemáticamente a emitir una regulación integral. Esta omisión legislativa ha dejado a los usuarios en una situación de "victoria inacabada", donde poseen el derecho al consumo pero carecen de mecanismos legales seguros para la adquisición de semillas o el transporte de su cosecha.

La Declaratoria General de Inconstitucionalidad de 2021 obligó a la COFEPRIS a emitir permisos para actividades relacionadas con el autoconsumo: sembrar, cultivar, cosechar y poseer. No obstante, estos permisos no incluyen la comercialización ni el suministro. El resultado es una contradicción flagrante: un ciudadano puede tener un permiso legal para cultivar en su casa, pero si decide transportar parte de su planta a otro domicilio y es interceptado con más de cinco gramos, sigue dependiendo de la discrecionalidad de un policía y de la posterior interpretación de un juez basada en el nuevo fallo de la Corte.

Fuente: Análisis de la normativa vigente y los efectos de los fallos de la SCJN.

Este vacío legal no solo genera incertidumbre jurídica, sino que también fomenta la persistencia de un mercado negro que expone a los usuarios a riesgos sanitarios y de seguridad. Al no existir una regulación sobre la venta, el Estado pierde la oportunidad de controlar la calidad de los productos, mientras que las autoridades de seguridad siguen desperdiciando recursos en una vigilancia que la propia Corte ha calificado de desproporcionada.

El análisis de lesividad: ¿a quién daña el consumidor?

Uno de los pilares del fallo de 2026 es el principio de lesividad. El ministro Figueroa Mejía argumentó que el derecho penal solo debe intervenir cuando existe una afectación real a terceros o al orden público. En el caso del consumo personal de marihuana, la jurisprudencia de la Corte ha establecido desde 2015 que los daños asociados a la salud son reversibles y no representan un riesgo demostrado para la sociedad en su conjunto.

La evidencia científica analizada por la Primera Sala indica que el consumo de marihuana no es un factor determinante en la comisión de otros delitos, desmitificando la teoría de que el usuario es un criminal en potencia. Al contrario, se ha observado que las afectaciones crónicas son similares o incluso menores a las de sustancias legales como el alcohol o el tabaco. Por lo tanto, sancionar la posesión simple por encima de un peso arbitrario carece de una justificación de protección al bien común que sea proporcional al sacrificio de la libertad individual.

Este análisis es el que permite hoy que un tribunal colegiado deba revisar casos como el de Juárez sin sujetarse automáticamente a la tabla del artículo 479. La pregunta que ahora deben hacerse los jueces no es "¿cuánto pesa la bolsa?", sino "¿existe alguna evidencia de que esta persona pretendía dañar a otros mediante la venta o el suministro?". Si la respuesta es negativa, el proceso penal debe cesar.

Impacto social: de la extorsión a la protección de los vulnerables

La resolución de la Corte tiene un impacto directo en la reducción de la corrupción policial. Históricamente, el límite de los cinco gramos ha funcionado como una "tarifa de impunidad": los agentes de seguridad utilizaban la amenaza de la cárcel para extorsionar a usuarios, especialmente a jóvenes de sectores populares que no cuentan con los recursos para una defensa legal prolongada.

Al eliminar el automatismo del delito por gramaje, se le quita a la policía la herramienta de presión inmediata. Si bien la detención inicial sigue siendo posible para realizar la investigación, el hecho de que la vinculación a proceso ya no dependa solo de la báscula desincentiva las detenciones arbitrarias con fines de lucro. Organizaciones como Movimiento Cannábico Mexicano han señalado que este es un paso vital para detener la discriminación sistemática contra las personas usuarias.

Sin embargo, el reto permanece en la capacitación de las policías municipales y estatales, quienes suelen ser el primer eslabón del sistema y los que menos conocen los alcances de las resoluciones de la Suprema Corte. La transición de un modelo de "cero tolerancia" a uno de "análisis de circunstancias" requiere una reforma estructural en las academias de policía y en las fiscalías locales que aún no se vislumbra con claridad en el presupuesto público.

El futuro de la política de drogas: ¿qué sigue para México?

La decisión del 4 de febrero de 2026 deja una idea flotando en el aire: el sistema prohibicionista está herido de muerte por su propia irracionalidad, pero se niega a desplomarse. El fallo obliga a las autoridades a ser más honestas y menos mecánicas, pero la solución definitiva sigue estando en la cancha del Poder Legislativo.

Mientras el Congreso no emita una ley que regule todo el ciclo —desde la semilla hasta el punto de venta—, los usuarios seguirán navegando en un mar de amparos y criterios judiciales variables. La proyección a corto plazo sugiere un aumento en los juicios de amparo promovidos por personas que han sido vinculadas a proceso por posesión simple, buscando que se aplique el nuevo estándar de la Corte para obtener su libertad.

Asimismo, es previsible que la discusión se traslade a otras sustancias incluidas en la tabla del artículo 479. Como advirtió la ministra Sara Herrerías, el precedente de la marihuana podría abrir la puerta para cuestionar los límites de posesión de otros narcóticos bajo los mismos principios de libre desarrollo de la personalidad y lesividad. Esto podría forzar una revisión completa de la política criminal mexicana en materia de salud pública.

En última instancia, el fallo de la SCJN es un triunfo de la realidad sobre el dogma. Es el reconocimiento de que la justicia no puede ser una operación aritmética simple realizada por una báscula, sino un ejercicio de ponderación humana que respete la dignidad y la autonomía de cada individuo, sin importar cuántos gramos lleve en el bolsillo.

El modelo prohibicionista en México ha operado durante décadas como un sistema ciego que confunde gramaje con criminalidad y vulnerabilidad con peligro. El fallo de la Corte es la bocanada de aire que rompe esa inercia; una señal clara de que el problema nunca fue la planta, sino un sistema viejo que llegó tarde a su propia discusión. Mientras las fiscalías siguen contando causas judiciales y pesando flores, la realidad avanza con la fuerza de lo que ya está enraizado: hay conocimiento, hay laburo y hay una comunidad organizada que ya no pide permiso para existir. La semilla ya está en la tierra y, como la Corte acaba de confirmar, no hay decreto ni tabla de cinco gramos que pueda detener lo que, por derecho propio, simplemente crece. Es parte del proceso. Crítico, digno y con la certeza de que la justicia, tarde o temprano, deja de mirar la balanza para empezar a mirar a las personas.