La reciente decisión del gobierno de la provincia de Santa Fe de reglamentar el cobro de los costos operativos a quienes realicen amenazas de bomba falsas en establecimientos escolares marca un punto de inflexión en la gestión de la seguridad pública. Esta medida, más allá de un trámite administrativo, revela una verdad incómoda: el despliegue de las fuerzas de seguridad tiene un precio de mercado tangible y el Estado ya no puede permitirse financiar el caos gratuito. El protocolo santafesino pone sobre la mesa una estructura de costos que incluye combustible, horas-hombre del personal policial, servicios de ambulancia y el despliegue de brigadas de explosivos. Esta misma lógica, aplicada al ámbito de las infracciones a la Ley 23.737, expone la irracionalidad económica de un sistema que gasta más en reprimir el cultivo de cannabis que en combatir delitos violentos con víctimas reales.

El costo de movilizar a las fuerzas de seguridad en Argentina ha dejado de ser un secreto de estado para convertirse en un dato de gestión. Durante los operativos federales registrados en 2024, se han documentado gastos que permiten dimensionar el valor de la hora-hombre y el despliegue logístico en gran escala. Un operativo de seguridad que involucra a la Policía Federal y Gendarmería Nacional puede escalar rápidamente hasta superar los 130 millones de pesos por jornada de despliegue. Estas cifras, trasladadas a la escala de un allanamiento doméstico por cannabis, revelan que cada irrupción en un domicilio particular activa una estructura de costos que el Estado rara vez recupera, especialmente cuando la causa termina archivada por falta de mérito o por aplicación del principio de insignificancia.

Desglose de costos de despliegue de fuerzas federales (2024)

Este modelo de facturación de la seguridad, que busca trasladar el peso económico a los responsables de los incidentes, genera una contradicción flagrante cuando se analiza la persecución de los usuarios de REPROCANN. En estos casos, el Estado gasta recursos en perseguir conductas que él mismo ha legalizado administrativamente. El dinero que se gasta en derribar la puerta de un cultivador solidario es, en última instancia, un subsidio a la ineficiencia de un sistema que prefiere el estruendo del allanamiento a la claridad de la regulación.

La hemorragia del expediente: el costo judicial de la prohibición

El costo del prohibicionismo no termina cuando el policía baja el ariete. Allí comienza la verdadera sangría: la judicialización. Un informe elaborado por la organización RESET en 2019 estimó que el Estado argentino destina aproximadamente 40 millones de dólares anuales exclusivamente a la persecución judicial de usuarios de drogas. La mayoría de estas causas, iniciadas bajo la Ley 23.737, involucran cantidades mínimas de cannabis que no representan un peligro para la salud pública. En lugar de perseguir el gran narcotráfico, el sistema judicial se congestiona con expedientes que terminan en sobreseimientos masivos, pero que ya consumieron miles de horas de jueces, fiscales y defensores oficiales.

El valor de la justicia en Argentina se mide en JUS, la unidad arancelaria para honorarios profesionales. En 2024, el costo de un proceso penal ha alcanzado cifras que desafían cualquier presupuesto racional. En provincias como Mendoza, el valor del JUS para honorarios profesionales escaló a $458.455 en el último trimestre de 2024. Si se considera que una Investigación Penal Preparatoria (IPP) promedio demanda unos 20 JUS por imputado, y una audiencia de debate otros 30 JUS, el costo de llevar a un cultivador a juicio supera holgadamente los 10 millones de pesos por caso, solo en concepto de honorarios teóricos.

Estructura de costos judiciales estimada por etapa (Valores 2024)

La ineficiencia se vuelve estructural cuando se analiza la provincia de Buenos Aires. En 2024, se iniciaron 79.376 IPP por infracción a la Ley de Estupefacientes, lo que representa un incremento del 3,91% respecto al año anterior. De este total, el 71,40% de las causas se iniciaron con "autor ignorado", lo que significa que el Estado gasta recursos en investigar hechos donde ni siquiera sabe a quién buscar. La tenencia para consumo, a pesar de los fallos de la Corte Suprema, sigue representando una porción significativa de la carga de trabajo policial en sede policial, donde se inician el 88,42% de estas causas.

El REPROCANN bajo fuego: cuando el Estado allana su propio permiso

La creación del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) bajo el Decreto 883/2020 fue presentada como la solución definitiva para los usuarios medicinales. Sin embargo, la realidad de 2024 y 2025 muestra un panorama de parálisis y violencia institucional. Más de 80.000 personas se encuentran en lista de espera para obtener o renovar su permiso, en un limbo administrativo que las fuerzas de seguridad aprovechan para realizar operativos. Se han documentado casos en Chubut y Buenos Aires donde cultivadores con todos los permisos en regla han sido allanados, sus genéticas destruidas y sus materiales de trabajo —a veces valuados en más de 50.000 dólares— secuestrados.

El desconocimiento policial es un costo adicional. Durante los allanamientos, los agentes suelen sorprenderse ante la existencia de habilitaciones del INASE o el REPROCANN, alegando que "tienen órdenes de secuestrar todo igual". Esto deriva en la destrucción de años de trabajo de fitomejoramiento genético y estabilización de cepas medicinales, un patrimonio biológico que el país pierde irremediablemente. La abogada Victoria Baca Paunero sostiene que esta judicialización de la salud, más que un desperdicio de fondos, representa una violación a los derechos humanos básicos garantizados por la Constitución.

Pérdida patrimonial y de inversión por allanamientos injustificados

La paradoja es absoluta: mientras el Ministerio de Salud reconoce el valor terapéutico de la planta, el Ministerio de Seguridad sigue tratando al usuario como un eslabón del narcotráfico. Esta desconexión genera un gasto doble: el de emitir el permiso y el de pagar el patrullero para ignorarlo.

El lucro cesante de la prohibición: el mercado de los 1.700 millones

Estudios de mercado indican que el desarrollo pleno de la industria del cannabis en el país tiene un potencial de generar ingresos por 1.700 millones de dólares y crear más de 62.000 empleos directos e indirectos. La legalización integral, que incluya el uso recreativo o de adultos, permitiría transformar un gasto corriente en seguridad en una fuente de ingresos fiscales masiva.

En estados como Michigan, donde la regulación es amplia y la tasa impositiva ronda el 16%, las ventas superaron los 3.000 millones de dólares en 2024, con un crecimiento anual del 20%. Si Argentina aplicara un modelo similar, la recaudación impositiva por IVA, Ganancias e impuestos internos al cannabis podría cubrir con creces el presupuesto de programas de salud y educación que hoy sufren recortes. Solo el ahorro en operativos policiales y causas judiciales inútiles representaría una inyección de liquidez inmediata para las arcas públicas.

Proyección: Gasto en Prohibición vs. Ingreso por Regulación

La industria del cáñamo industrial, por su parte, ofrece aplicaciones en bioplásticos, baterías de litio-azufre y bioconstrucción que podrían posicionar a Argentina como un líder regional en sostenibilidad. Sin embargo, la actual intervención de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y la ralentización de licencias han puesto en riesgo inversiones internacionales que ya habían desembarcado en el país.

La justicia congestionada y el mito del microtráfico

La desfederalización de la ley de drogas en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Salta ha llevado la persecución al último eslabón de la cadena: el consumidor y el pequeño vendedor. Luis Osler señala que esta política ha generado un "negocio menos violento" pero más capilar, donde la policía provincial persigue el "frasquito" de flores mientras las grandes organizaciones criminales operan en las sombras. El resultado es una saturación de las comisarías y alcaldías con personas que no representan una amenaza real a la seguridad ciudadana.

El costo de mantener a una persona privada de su libertad por infracción a la Ley 23.737 también es astronómico. En el Servicio Penitenciario Federal y Provincial, el gasto mensual por detenido se ha multiplicado por la inflación, representando una carga pesada para un sistema carcelario ya superpoblado. El análisis de los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) muestra que, mientras los homicidios dolosos han bajado, las detenciones por tenencia simple y comercialización minorista siguen ocupando el grueso de las estadísticas policiales para "mostrar gestión".

Innovación y soberanía: el valor de la semilla argentina

Más allá de la salud o la seguridad, la industria del cannabis se consolida como una carrera tecnológica estratégica. Argentina ha logrado registrar genéticas nacionales ante el INASE, con inversiones que superaron los 15 millones de dólares en los últimos tres años. Sin embargo, el riesgo de allanamiento y la falta de reglas claras desalientan el desarrollo de criaderos y centros de fitomejoramiento. Cada vez que se allana un cultivo experimental, se pierden años de datos sobre trazabilidad y estabilidad de la planta, lo que obliga a los productores locales a seguir dependiendo de semillas importadas de Europa o Estados Unidos.

El potencial exportador de Argentina en materia de cannabis medicinal y cáñamo es real, pero requiere una "ventanilla única" y trámites ágiles que hoy no existen. La burocracia actual es, en sí misma, un costo indirecto que frena el ingreso de divisas. Un marco regulatorio integral permitiría que las pymes y cooperativas de todo el país se integren a una cadena de valor que hoy funciona en la sombra, aportando a la coparticipación federal y al desarrollo de las economías regionales.

Conclusiones sobre la ineficiencia del modelo actual

El análisis exhaustivo de los costos operativos, judiciales y el lucro cesante industrial demuestra que el prohibicionismo en Argentina es un lujo que el país ya no puede darse. La lógica de cobrar los operativos policiales en Santa Fe debería extenderse a la política de drogas: si el Estado tuviera que rendir cuentas por cada peso gastado en perseguir a un cultivador con REPROCANN, la prohibición se caería por su propio peso contable.

El ahorro proyectado por una legalización integral, además de aliviar el presupuesto de seguridad y justicia, generaría una nueva base imponible capaz de financiar el propio sistema de salud pública. El costo de la inacción es de 40 millones de dólares perdidos al año en judicialización, sumados a los 1.700 millones de dólares que no entran a la economía formal. Es hora de que la planilla de Excel venza al prejuicio del patrullero.

La contradicción es el lenguaje de un sistema que llegó tarde a su propia discusión. Mientras algunos se empeñan en contar causas judiciales como si fueran trofeos de guerra, la realidad avanza por los costados. No es la planta el problema, ni quienes hunden las manos en la tierra para buscar alivio o trabajo; el problema es un modelo viejo, caro e ineficiente que quema el futuro en la hoguera de la represión. Pero el proceso es imparable. Hay conocimiento, hay una comunidad organizada y hay una certeza que no necesita permisos. La semilla ya está en la tierra y no hay decreto, ni allanamiento, ni presupuesto ciego que pueda frenar la primavera de una industria que ya nació. Esto habita más allá del final: es una pieza clave del proceso.

Fuentes consultadas:

• Ministerio de Seguridad de la Nación: Informes de costos operativos y estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) 2024.
• Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires: Informe de estupefacientes Ley 23.737, año 2024.
• Organización RESET y CELS: Informes sobre el costo de la prohibición y judicialización de usuarios en Argentina.
• Revista THC y Revista Mate: Cobertura de allanamientos a usuarios de REPROCANN y análisis de la parálisis administrativa 2024-2025.
• El Planteo / Sechat: Estudios sobre el potencial económico del mercado de cannabis en Argentina y recaudación impositiva global.
• Cámara Industrial del Cannabis (Luis Osler): Declaraciones sobre inversiones, fitomejoramiento y trabas regulatorias 2025.
• Dra. Victoria Baca Paunero: Análisis jurídico sobre la judicialización de la salud y perspectiva de género en el sistema penal.
• Colegios de Abogados de Salta y Mendoza: Tablas de valores JUS y honorarios profesionales mínimos 2024.
• Boletín Oficial de la República Argentina: Leyes 23.737, 27.350, 27.669 y decretos reglamentarios.