Salta frena el REPROCANN provincial mientras crece la polémica por un pedido de $270 millones
El “REPROCANN salteño” ya fue aprobado por ley, pero sigue sin aplicarse. Ahora, un pedido de $270 millones para integrarlo al sistema sanitario provincial desató tensión política, dudas sobre transparencia y preocupación entre pacientes cannábicos.
La implementación del Registro Provincial de Cannabis Medicinal de Salta, conocido popularmente como “REPROCANN salteño”, atraviesa un nuevo foco de conflicto político y sanitario. Aunque la ley ya fue sancionada por unanimidad en la Legislatura provincial, el sistema continúa sin ponerse en marcha y ahora quedó envuelto en una fuerte controversia presupuestaria.
La diputada provincial Laura Cartuccia, autora de la iniciativa junto al senador Manuel Pailler, cuestionó públicamente un pedido de $270 millones realizado desde el área de Salud para ejecutar el registro provincial. Según explicó la legisladora, ese gasto jamás fue planteado durante las mesas de trabajo previas entre funcionarios, productores, organizaciones civiles y profesionales del sector.
“El Ministerio de Salud ya cuenta con SAFESA, que es el Sistema Digital de Historias Clínicas, y tranquilamente se puede hacer un apartado dentro de ese sistema”, sostuvo Cartuccia en declaraciones periodísticas. Y fue más allá: “No se requiere un presupuesto de 270 millones como se ha pedido. Entiendo que esto ya pasa por una cuestión de voluntad”.
El proyecto aprobado establece precisamente que toda la trazabilidad del cannabis medicinal debía integrarse al sistema digital SAFESA, creado bajo la Ley Provincial 8.431. La propia normativa contempla que las dispensas autorizadas sean incorporadas al historial clínico digital de los pacientes, reforzando la transparencia y el seguimiento sanitario.
La ley provincial fue sancionada en septiembre de 2025 y busca complementar el marco nacional establecido por la Ley Nacional 27.350 y el sistema REPROCANN impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación. El objetivo central es agilizar el acceso al cannabis medicinal bajo prescripción médica, reducir la burocracia y ofrecer una herramienta local adaptada a las necesidades de los pacientes salteños.
Durante el tratamiento legislativo, participaron representantes del Ministerio de Salud Pública, productores cannábicos, investigadores del CONICET, universidades y organizaciones civiles. En ese momento, la propuesta fue presentada como una política sanitaria moderna, basada en trazabilidad, control médico y acceso seguro.
Cartuccia remarcó además que en Salta existe “una gran población que consume cannabis medicinal” y recordó que ya hay evidencia científica sobre su utilidad terapéutica en múltiples patologías.
El conflicto aparece en un contexto nacional complejo para el cannabis medicinal. Durante el último año, distintas modificaciones y revisiones sobre el sistema REPROCANN generaron incertidumbre entre pacientes, médicos y organizaciones cannábicas de todo el país.
Mientras tanto, en Salta, pacientes y asociaciones esperan que la reglamentación avance sin que los costos administrativos terminen transformándose en una nueva barrera de acceso. El debate ya no gira únicamente alrededor del cannabis medicinal, sino también sobre cómo se administran los recursos públicos en políticas de salud que impactan directamente en miles de personas.
La discusión recién empieza. Pero una cosa está clara: el cannabis medicinal dejó de ser un tema marginal y hoy ocupa un lugar central en la agenda sanitaria, científica y productiva de la Argentina.
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