Una investigación de la Justicia Federal culminó con el allanamiento de una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires donde se elaboraban y comercializaban bebidas alcohólicas con cannabis bajo las marcas "Fernnabis" y "Sannabis". El procedimiento fue realizado por la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal Argentina (PFA) y terminó con dos personas detenidas.

La causa se inició tras el hallazgo de una botella identificada como "FERNNABIS - Un Fernet con Extractos de Cannabis" en las inmediaciones de locales bailables de Ramos Mejía. A partir de ese descubrimiento, los investigadores desarrollaron tareas de inteligencia, monitoreo de redes sociales, análisis de fuentes abiertas y una compra controlada autorizada judicialmente que permitió confirmar la comercialización de los productos mediante plataformas digitales.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Morón, encabezada por el fiscal federal Sebastián Basso, mientras que las medidas judiciales fueron ordenadas por el juez federal de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez.

Uno de los elementos centrales del expediente fue una pericia química practicada sobre una muestra obtenida durante la compra controlada. El análisis confirmó la presencia de tetrahidrocannabinol (THC), principal compuesto psicoactivo del cannabis, reforzando la hipótesis investigativa de los funcionarios judiciales.

Según la investigación, los productos eran promocionados en redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde se destacaban explícitamente sus efectos psicoactivos y se ofrecían envíos a distintos puntos del país.

Durante el allanamiento fueron secuestrados 12 bidones de 20 litros, aproximadamente 66 litros de preparación alcohólica con cannabis, 30 botellones de fernet marca 777 de 1,9 litros, 10 botellas de bebidas terminadas elaboradas con cannabinoides, 19 frascos con difusores de alcohol cannábico y 96 botellas vacías listas para su envasado y comercialización.

Los investigadores también encontraron un sistema de cultivo indoor, dos plantas de cannabis, 1.225 gramos de hojas de marihuana, 195 gramos de cogollos, balanzas de precisión, materiales de fraccionamiento, elementos de embalaje y dispositivos electrónicos que ahora serán peritados para determinar el alcance de la operatoria.

Las dos personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal por presuntas infracciones a la Ley 23.737 de Estupefacientes, mientras la investigación continúa para determinar el volumen de producción, los canales de distribución utilizados y la posible participación de terceros.

El debate que vuelve a aparecer

Más allá de los hechos investigados, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión cada vez más presente dentro del sector cannábico argentino.

Actualmente, la Argentina reconoce el uso medicinal del cannabis mediante la Ley 27.350 y promueve el desarrollo industrial del cáñamo y el cannabis a través de la Ley 27.669. Además, numerosos fallos judiciales han limitado durante los últimos años la persecución penal de conductas vinculadas al autocultivo y al consumo personal.

Sin embargo, cuando aparecen emprendimientos informales relacionados con derivados de la planta, la respuesta estatal continúa apoyándose principalmente en la Ley 23.737, una norma sancionada en 1989 bajo un paradigma prohibicionista muy diferente al escenario actual.

La elaboración de bebidas destinadas al consumo humano sin habilitaciones sanitarias constituye una cuestión que debe ser abordada por el Estado para proteger la salud pública y garantizar estándares de calidad. Pero la pregunta que surge es si la única respuesta posible debe ser una causa penal federal.

Especialistas en políticas de drogas vienen planteando alternativas regulatorias que permitan distinguir entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y pequeños emprendimientos que operan fuera de los marcos regulatorios establecidos. Entre esas propuestas aparecen sistemas de multas progresivas, programas de adecuación, capacitaciones obligatorias, registros específicos y mecanismos de fiscalización que prioricen la corrección de conductas antes que la criminalización.

La discusión de fondo ya no parece ser únicamente qué ocurrió dentro de esta vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. El verdadero debate es qué tipo de regulación necesita Argentina para acompañar una industria que ya cuenta con reconocimiento médico, científico y productivo, pero que sigue encontrando respuestas penales frente a muchas de sus expresiones emergentes.

El caso Fernnabis vuelve a demostrar que la realidad del cannabis avanza más rápido que muchas de las normas que intentan regularla. Construir una industria responsable requiere controles sanitarios, trazabilidad y reglas claras, pero también marcos legales capaces de diferenciar entre actividades productivas emergentes y delitos asociados al crimen organizado.

Mientras gran parte del mundo discute cómo regular el cannabis, Argentina continúa debatiendo cómo abordarlo desde una legislación concebida hace casi cuatro décadas. El desafío será encontrar un equilibrio que proteja a los consumidores, fomente la innovación y evite que cada proyecto vinculado a la planta termine inevitablemente en los tribunales federales.

¿Qué opinás sobre este caso? ¿La Ley 23.737 necesita una actualización acorde a la realidad del cannabis en 2026?

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