La Supreme Court of the United States emitió el 18 de junio de 2026 un fallo histórico que limita el alcance de una ley federal utilizada durante décadas para prohibir la posesión de armas de fuego a personas consumidoras de sustancias controladas, incluido el cannabis. La decisión fue adoptada por unanimidad (9 votos a 0) en el caso Estados Unidos vs. Ali Danial Hemani.

El caso involucra a Ali Danial Hemani, residente de Texas, quien fue acusado bajo la Gun Control Act de 1968, una ley federal que prohíbe poseer armas a quienes sean considerados "usuarios ilegales" o adictos a sustancias controladas. Durante un allanamiento realizado en 2022, las autoridades encontraron una pistola y aproximadamente 60 gramos de cannabis en su domicilio. Hemani admitió consumir cannabis regularmente, pero no se encontraba intoxicado ni fue acusado de delitos violentos.

La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Neil Gorsuch, quien sostuvo que el gobierno federal no logró demostrar que Hemani representara un peligro suficiente para justificar la restricción de un derecho protegido por la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense. Según Gorsuch, la mera condición de consumidor de cannabis no alcanza para presumir peligrosidad de manera automática.

Sin embargo, el tribunal aclaró que el fallo es limitado y no elimina completamente la legislación federal. La Corte dejó abierta la posibilidad de restringir la posesión de armas a personas intoxicadas al momento de portarlas, consumidores con dependencia severa o individuos cuya conducta represente un riesgo concreto para terceros.

Uno de los puntos centrales del debate fue la creciente contradicción entre las leyes federales y la realidad regulatoria del cannabis en Estados Unidos. Actualmente, más de 40 estados cuentan con algún tipo de legalización medicinal o recreativa, mientras que millones de ciudadanos consumen cannabis de manera legal bajo normativas estatales. La defensa argumentó que aplicar una prohibición generalizada de armas a todos los usuarios de cannabis implicaría afectar derechos constitucionales de una enorme cantidad de personas que no presentan antecedentes de violencia ni conductas peligrosas.

El caso también adquirió relevancia porque la misma disposición legal había sido utilizada contra Hunter Biden en 2024. No obstante, diversos analistas jurídicos señalaron que la situación de Biden involucraba circunstancias diferentes vinculadas al consumo problemático de cocaína, por lo que el nuevo precedente no necesariamente modificaría ese antecedente.

La decisión recibió respaldo de organizaciones tradicionalmente enfrentadas en otros debates, incluyendo la American Civil Liberties Union, grupos defensores de derechos civiles y asociaciones vinculadas a la reforma de las políticas sobre cannabis. El fallo también se inscribe dentro de una serie de resoluciones recientes que amplían la protección de los derechos vinculados a la Segunda Enmienda en Estados Unidos.

¿Qué significa para la industria del cannabis?

Aunque la decisión se refiere exclusivamente al sistema constitucional estadounidense, representa otro indicio del cambio cultural y jurídico que atraviesa el cannabis a nivel internacional. El fallo reconoce que el consumo de cannabis, por sí solo, no constituye evidencia suficiente de peligrosidad, una discusión que continúa presente en numerosos países que avanzan hacia modelos regulatorios más modernos basados en evidencia científica y derechos individuales.

La resolución marca un nuevo capítulo en el debate general sobre cannabis y derechos ciudadanos. A medida que la ciencia, la regulación y la sociedad avanzan, las instituciones comienzan a revisar normas construidas bajo paradigmas de hace más de medio siglo. El desafío seguirá siendo encontrar el equilibrio entre seguridad pública, libertades individuales y políticas basadas en evidencia.

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