El nuevo Informe Mundial sobre Drogas 2026 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sostiene que la regulación del cannabis para uso no médico en determinados países estuvo asociada a un incremento del consumo, especialmente debido a la mayor disponibilidad de productos con alta concentración de THC y a la expansión de mercados legales cada vez más sofisticados.

Según el informe, durante 2024 unas 331 millones de personas consumieron alguna droga ilícita en el mundo, equivalente al 6,2% de la población mundial entre 15 y 64 años, frente al 5,2% registrado una década atrás. El cannabis continúa siendo, por amplio margen, la sustancia ilícita más utilizada, con 256 millones de consumidores, seguido por opioides (63 millones), anfetaminas (32 millones), cocaína (25 millones) y éxtasis (21 millones).

La directora ejecutiva de la UNODC, Monica Juma, alertó durante la presentación del informe:

"Hemos visto un aumento sin precedentes de nuevos tipos de drogas en el mercado y, de forma preocupante, algunas son más potentes o peligrosas que antes".

El documento aclara que el crecimiento del consumo mundial no puede atribuirse únicamente a la legalización. Entre los factores identificados aparecen el crecimiento demográfico, la mayor disponibilidad de sustancias, la expansión de las drogas sintéticas, la innovación tecnológica utilizada por las organizaciones criminales y una mejor capacidad de los países para medir el fenómeno.

Respecto al cannabis, la ONU señala que en algunas jurisdicciones donde se legalizó el uso recreativo se observaron aumentos en la prevalencia del consumo y una oferta creciente de extractos, comestibles y concentrados con elevados niveles de THC. El informe también advierte que todavía existen importantes interrogantes científicos sobre los efectos sanitarios de estos productos de alta potencia, especialmente entre adolescentes y personas con factores de riesgo para trastornos de salud mental.

Sin embargo, el propio informe evita una conclusión simplista. La UNODC no afirma que la legalización, por sí sola, explique el aumento del consumo mundial. Los datos muestran una realidad mucho más compleja, donde intervienen múltiples variables sociales, económicas y sanitarias. Tampoco cuestiona el desarrollo de programas de cannabis medicinal regulados, que en numerosos países funcionan bajo marcos legales diferenciados del uso adulto.

Para América Latina, el debate continúa centrándose en cómo equilibrar tres objetivos: proteger la salud pública, reducir el poder del narcotráfico y garantizar el acceso seguro al cannabis medicinal mediante sistemas regulados. En países como Argentina, ese desafío se articula alrededor de la Ley 27.350 y la Ley 27.669, que buscan separar claramente los usos médicos e industriales del mercado ilícito.

El informe de la ONU vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de construir políticas públicas basadas en evidencia y no en posiciones ideológicas. Para la industria del cannabis medicinal y del cáñamo, el desafío sigue siendo demostrar que una regulación sólida, con controles de calidad, trazabilidad y acceso responsable, puede ofrecer mejores resultados que la prohibición o la ausencia de normas.

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