El caso de Mariela Agunin volvió a instalar una discusión que atraviesa desde hace años al sistema judicial argentino: ¿es proporcional mantener privada de su libertad a una persona acusada por una causa de escasa cantidad de cannabis mientras el país avanza en el reconocimiento del uso medicinal de la planta?

Agunin permanece detenida desde hace varios meses en el marco de una causa en la que se investiga la presunta comercialización de siete gramos de marihuana, una cantidad que para distintos sectores vinculados al derecho, la salud y las políticas de drogas resulta insuficiente para justificar una medida de coerción de semejante magnitud.

La situación adquirió una dimensión aún más llamativa cuando, durante su detención, el Estado nacional le otorgó la inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), el sistema creado por la Ley Nacional Nº 27.350 para autorizar el cultivo controlado destinado a fines medicinales y terapéuticos.

Para organizaciones de derechos humanos, referentes del movimiento cannábico y especialistas en políticas públicas, este hecho refleja una profunda contradicción institucional: mientras una dependencia estatal reconoce la necesidad terapéutica del cannabis, otro poder del Estado mantiene una prisión preventiva que continúa generando fuertes cuestionamientos.

Un caso que reabre el debate sobre la prisión preventiva

La defensa sostiene que la permanencia de Agunin en prisión resulta desproporcionada y denuncia que las condiciones de encierro provocaron un importante deterioro en su salud mental, situación que derivó en la necesidad de recibir medicación durante su alojamiento en un establecimiento penitenciario.

El expediente volvió a poner bajo la lupa el uso de la prisión preventiva en causas relacionadas con cannabis de baja escala, una herramienta excepcional que, según numerosos juristas, debería aplicarse únicamente cuando existan riesgos procesales concretos, como peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación.

El caso también revive un debate que atraviesa a la Ley Nº 23.737, sancionada hace más de tres décadas, cuya aplicación continúa siendo objeto de críticas por parte de especialistas que sostienen que muchas investigaciones terminan concentrándose en pequeños actores o usuarios, mientras las organizaciones dedicadas al narcotráfico operan con estructuras mucho más complejas.

Cannabis medicinal, derechos y coherencia institucional

La Argentina ha registrado importantes avances regulatorios durante los últimos años con la sanción de las leyes 27.350 y 27.669, que promovieron el desarrollo del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, impulsando nuevas oportunidades para pacientes, investigadores, productores y empresas.

Sin embargo, casos como el de Mariela Agunin evidencian que todavía persisten fuertes diferencias entre el avance del marco normativo y determinadas respuestas del sistema penal.

Para numerosos referentes del sector, el desafío ya no pasa únicamente por aprobar nuevas leyes, sino por construir una política judicial coherente con la evidencia científica, el enfoque de derechos humanos y los cambios regulatorios que el propio Estado viene impulsando.

Mientras la causa continúa su curso, el expediente vuelve a plantear una pregunta que trasciende a una sola persona: ¿están siendo utilizados de manera eficiente los recursos del sistema judicial cuando una prisión preventiva por siete gramos de cannabis genera más debate que consenso?

Una discusión que sigue abierta

La evolución de este caso será observada de cerca por organizaciones sociales, abogados, pacientes y actores de la industria del cannabis, que consideran indispensable avanzar hacia criterios judiciales más proporcionales y acordes con la realidad normativa actual.

El debate excede a un expediente particular: interpela la necesidad de armonizar las decisiones judiciales con las políticas públicas que la propia Argentina viene desarrollando en materia de cannabis medicinal y reducción de daños.

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