Mar del Plata exige que el cannabis medicinal llegue al sistema público de salud
Una ordenanza municipal lleva casi seis años esperando convertirse en realidad. Una cooperativa, organizaciones civiles y referentes científicos reclaman que el Estado active un Consejo Consultivo que podría cambiar el acceso al cannabis medicinal en Mar del Plata.
El cannabis medicinal vuelve a ocupar el centro del debate sobre políticas públicas en Argentina. Esta vez, el escenario es Mar del Plata, donde la Cooperativa de Trabajo Una Planta un Botiquín Ltda. impulsa un reclamo para que el municipio cumpla efectivamente con una ordenanza que incorporó los derivados de cannabis al sistema de salud pública local y estableció mecanismos institucionales para desarrollar políticas sanitarias vinculadas con la planta.
La controversia gira alrededor de la Ordenanza Municipal N.º 24.993, promulgada el 13 de enero de 2021, que contempla la incorporación de derivados a base de cannabis para uso medicinal y terapéutico al sistema de salud pública del partido de General Pueyrredon.
La iniciativa legislativa había comenzado a tramitarse en 2018 y fue sancionada bajo el número 19.107 el 29 de diciembre de 2020. Sin embargo, uno de sus componentes centrales continúa sin implementarse: la conformación del Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal.
La situación motivó un nuevo reclamo de la cooperativa, que trabaja desde 2023 en Mar del Plata con plantas y hierbas medicinales, aromáticas y de uso alimenticio.
Sus seis integrantes articulan actividades con personas y familias que necesitan acceder al cannabis medicinal mediante el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), en el marco de tratamientos para diferentes condiciones de salud.
¿Qué establece la Ordenanza 24.993?
El artículo 1.º incorpora los derivados a base de cannabis para uso medicinal y terapéutico al sistema de salud pública municipal, contemplando su utilización para el abordaje de síndromes, trastornos, enfermedades y patologías.
Pero la norma también establece una herramienta institucional fundamental: un Consejo Consultivo encargado de promover el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el cannabis medicinal.
Entre sus principales funciones se encuentran:
Fomentar el acceso al aceite de cannabis y sus derivados.
Elaborar protocolos y pautas de atención para la utilización de preparados medicinales.
Promover investigaciones científicas sobre las aplicaciones terapéuticas de la planta.
Asesorar en la elaboración de normas y disposiciones municipales.
Colaborar en el diseño de planes y programas sanitarios.
Articular el trabajo entre instituciones públicas, universidades, organizaciones civiles y actores vinculados al sector.
La integración prevista incluye representantes del Concejo Deliberante, la Secretaría de Salud, la Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, la Universidad Nacional de Mar del Plata, el INTA, la ANMAT y organizaciones civiles vinculadas con la temática.
La Secretaría de Salud municipal, conducida por Viviana Bernabei, fue establecida como autoridad de aplicación de la ordenanza.
Sin embargo, según la investigación publicada por Qué Digital el 6 de noviembre de 2026, el Consejo nunca llegó a ser convocado ni terminó de constituir su integración.
El reclamo llegó al Concejo Deliberante
La discusión adquirió mayor dimensión institucional durante 2026.
En abril, integrantes de Una Planta un Botiquín participaron de una reunión de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, presidida por el concejal Diego García, de Unión por la Patria.
Durante aquella presentación expusieron distintas preocupaciones relacionadas con el funcionamiento del mercado de preparados cannábicos, especialmente respecto de la calidad y trazabilidad de los productos medicinales.
Uno de los puntos señalados fue la circulación de aceites cuya composición, concentración y procedencia no necesariamente cuentan con información verificable.
Desde la cooperativa advirtieron que existen numerosos goteros comercializados sin garantías suficientes sobre sus componentes y dosificaciones. Incluso mencionaron casos de productos que, según sus denuncias, contendrían aceite de oliva u otros preparados que no responderían a las características medicinales que se les atribuyen.
La preocupación apunta a un problema concreto de salud pública: cuando una persona utiliza cannabis con fines terapéuticos, necesita conocer qué está consumiendo, cuál es su concentración de cannabinoides y qué controles de calidad respaldan el producto.
Como consecuencia de aquella reunión, la Comisión de Salud solicitó explicaciones a la Secretaría de Salud municipal sobre la falta de implementación del Consejo Consultivo.
La respuesta municipal y las diferencias sobre el marco regulatorio
La contestación llegó aproximadamente dos meses después y llevaba la firma de Viviana Bernabei.
En el documento, la funcionaria sostuvo que, ante la inexistencia de una propuesta concreta incorporada al pedido de informes, su área se limitaría a realizar consideraciones generales sobre el marco regulatorio aplicable al cannabis medicinal.
Además, argumentó que la creación del Consejo Consultivo había ocurrido en un contexto normativo anterior al desarrollo del esquema regulatorio nacional vigente.
Esta interpretación fue cuestionada durante el debate legislativo por concejales de la oposición, quienes señalaron que la Ley Nacional 27.350 ya se encontraba vigente cuando se aprobó la ordenanza municipal.
Otro elemento incorporado en la respuesta oficial fue que la Secretaría de Salud no desarrolla ni tiene previsto desarrollar actividades de cultivo, producción o elaboración de derivados de cannabis medicinal.
La discusión, por lo tanto, no se limita a una diferencia administrativa: involucra la interpretación de las competencias municipales y la decisión de poner en funcionamiento una estructura institucional que fue aprobada mediante una norma vigente.
La contradicción que señala la cooperativa
Uno de los aspectos más interesantes de este conflicto aparece al comparar las actuaciones de distintas áreas del propio municipio.
Mientras la Secretaría de Salud plantea objeciones relacionadas con el marco normativo para avanzar con la ordenanza, desde la Secretaría de Producción se habrían habilitado actividades comerciales vinculadas con aceites de cannabis y otros derivados no alimenticios.
Valeria, integrante de Una Planta un Botiquín, explicó al medio Qué Digital:
“Tenemos constancias de emprendedores que fueron autorizados”.
La referente también cuestionó la diferencia entre permitir determinadas actividades comerciales y mantener sin funcionamiento el dispositivo sanitario previsto por la ordenanza.
Su planteo fue contundente:
“Es contradictorio: te dejan vender un producto en la calle al público, sin ninguna instrucción médica”.
Sin embargo, aclaró que la cooperativa no está en contra de esas actividades comerciales. Su reclamo apunta a la necesidad de establecer criterios claros, equitativos y transparentes.
En sus palabras:
“No estamos en contra de eso, pero nuestra pregunta es: ¿por qué a algunos sí, y a otros no?”.
La discusión abre una cuestión relevante para toda la industria: el desarrollo comercial del cannabis medicinal necesita convivir con controles sanitarios, trazabilidad, información técnica y mecanismos de protección para los usuarios.
El reclamo vuelve a la Comisión de Salud
A comienzos de noviembre, la cooperativa y distintas organizaciones civiles, médicas y científicas volvieron a presentar notas ante la Comisión de Salud del Concejo Deliberante.
El pedido exige la urgente conformación del Consejo Consultivo y reclama que se establezcan fecha y lugar para su constitución.
Durante la última semana, el tema volvió a tratarse en comisión y terminó con un nuevo despacho que solicita información específica a la Secretaría de Salud y también a las áreas de Legal, Técnica y Hacienda.
Entre las preguntas planteadas se encuentran:
¿Por qué todavía no se constituyó el Consejo Consultivo?
¿Considera el Departamento Ejecutivo que existe alguna normativa vigente que contradiga la Ordenanza 24.993?
En caso afirmativo, ¿cuáles son las disposiciones que entrarían en contradicción?
¿Existe alguna propuesta oficial para modificar la ordenanza?
Durante el debate también quedaron expuestas diferencias entre los bloques políticos.
Los concejales Guido García, de la Coalición Cívica, y Marcelo Cardoso, del PRO, sostuvieron que no existía una desconexión entre la respuesta del Ejecutivo y la situación normativa, y propusieron archivar el expediente.
Por su parte, Diego García, de Unión por la Patria, y Eva Ayala, de Acción Marplatense – Movimiento Derecho al Futuro, defendieron la necesidad de continuar el reclamo.
La posición opositora quedó sintetizada en una afirmación durante la comisión:
“Esto es algo que tiene que resolver el Ejecutivo. Hay una ordenanza que está vigente que no se cumple”.
Que Digital
Una discusión que trasciende a Mar del Plata
Lo que sucede en General Pueyrredon refleja uno de los desafíos centrales del desarrollo cannábico argentino: transformar los avances legislativos en políticas públicas concretas.
La Ley Nacional 27.350 establece el marco para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis y sus derivados. A su vez, la Ley 27.669 creó el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.
En este escenario, la articulación entre municipios, universidades, profesionales de la salud, organizaciones civiles, cooperativas y emprendimientos productivos resulta fundamental.
También es importante diferenciar las figuras jurídicas y sus competencias. Una cooperativa de trabajo, una asociación civil y una organización autorizada para cultivar bajo el régimen de REPROCANN no son estructuras equivalentes ni tienen automáticamente las mismas facultades.
El propio INAES ha explicado las particularidades legales de estas figuras y los alcances de la normativa aplicable a las actividades productivas vinculadas con el cannabis.
Por eso, la discusión marplatense merece atención: no solamente está en juego la conformación de un consejo municipal, sino también la posibilidad de construir un sistema de acceso terapéutico con información confiable, controles de calidad, investigación y participación comunitaria.
El futuro del cannabis medicinal también se construye desde los municipios
La experiencia de Una Planta un Botiquín pone sobre la mesa una cuestión que atraviesa a todo el sector: la regulación necesita instituciones que funcionen, procedimientos claros y voluntad de articulación.
El cannabis medicinal requiere responsabilidad sanitaria, formación profesional y garantías para quienes necesitan acceder a sus derivados. Pero también necesita que las normas aprobadas se traduzcan en herramientas concretas para la sociedad.
Mar del Plata tiene una ordenanza, instituciones identificadas y organizaciones dispuestas a participar. El próximo paso es que esos elementos puedan encontrarse en una mesa de trabajo efectiva.
La industria responsable se construye con conocimiento, controles y políticas públicas. Y el derecho a la salud necesita mucho más que buenas intenciones: necesita gestión.
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